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La comisión de seguimiento del desarrollo de los planes de naturaleza industrial asociados a los parques eólicos adjudicados por el actual Gobierno de la Xunta de Galicia ha sido formalmente constituida este lunes, con el objeto de velar por que se cumplan los compromisos de creación de 2.818 puestos de trabajo directos e inversión de unos 2.110,43 millones de euros.
Estos empleos y la suma a invertir se corresponden con los cinco planes que las compañías realizarán de manera "íntegra" y los 24 que lo harán de forma "proporcional", tal y como ha explicado, en rueda de prensa tras el comienzo de los trabajos de este órgano de control, el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces.
Mientras los primeros generarán 120 empleos y comprometen la inversión de 30,43 millones de euros; la materialización de los segundos se derivará en 2.698 puestos de trabajo y una cantidad que supera los 2.080 millones de euros.
A estos números hay que añadir las nueve empresas que optaron por la monetarizaron de sus planes, cuyas aportaciones ascenderán a 54,71 millones de euros, ha recordado Bernardo Tahoces. Sobre estas, el director xeral ha indicado que será el conselleiro de Industria, Javier Guerra, quien exponga, en una convocatoria "próximamente", el listado "pormenorizado".
"Las cifras cuadran casi milimétricamente", ha aseverado Ángel Bernardo Tahoces a preguntas de los periodistas sobre la diferencia en cuanto a los datos de creación de empleo e inversión anunciados por el responsable del departamento y el propio presidente de la Xunta, en noviembre pasado, cuando hablaron de 5.953 millones de euros y 13.266 puestos de trabajo.
"En su comparecencia, el conselleiro desagregó otros conceptos", ha apuntado, para aclarar que la comisión se encarga de evaluar el impacto directo de los planes, lo que no tiene en cuenta los empleos "inducidos", ni las inversiones "en los propios parques", ni las destinadas a "los tecnólogos".
De este modo, el director xeral ha resuelto que, con la conformación oficial de la comisión se da "un paso más", el tercero, en el "ambicioso" proyecto eólico de Galicia, tras la aprobación de la Ley 8/2009 y la emisión de la consiguiente resolución.
De la primera, Bernardo Tahoces ha dicho que "consagra de forma explícita que los avales del 5 por ciento sobre la inversión total del parque eólico no se podrán levantar hasta acreditar la ejecución" de los compromisos.
Sobre la segunda, ha afirmado "no conocer ninguna resolución, ni del pasado ni del presente, que explicite los compromisos de los promotores eólicos" de la manera que lo hace la dictada por el actual Ejecutivo.
El director xeral del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), Eliseo Diéguez, fue nombrado el pasado 31 de marzo presidente de la comisión que este lunes ha empezado a funcionar —en una resolución dictada por el propio Bernardo Tahoces—.
Junto a él, los cinco vocales son la jefa de servicio de Infraestruturas Enerxéticas de la Dirección Xeral de Industria; el director del departamento de Enerxía e Planificación Enerxética del Inega; la jefa de la Unidade Técnica de Enerxía Eólica del Inega; el subdirector de Xestión dos Proxectos del Igape y una técnico de XesGalicia.
Está "dotada de facultades" para exigir cualquier tipo de requisito a las compañías y para comunicar sus propuestas a la consellería, ha incidido el responsable autonómico en materia de Industria.
Así, "si los compromisos adicionales" resultasen "incumplidos", su actuación podría traducirse en la revocación de la autorización "amén del correspondiente expediente sancionador", ha resaltado. "Pero estoy convencido de que todos los planes van a ser escrupulosamente cumplidos", ha confrontado.
Ha señalado que "no le consta" ningún recurso contencioso administrativo interpuesto contra el reparto de los 2.325 megavatios e, interrogado por los 30 recursos de alzada presentados, ha enfatizado que "este Gobierno siempre da la cara y actúa con la máxima transparencia y responsabilidad" para proclamar que "todos y cada uno de ellos van a tener una resolución expresa en el plazo correspondiente para responder".
También "se está instruyendo el correspondiente procedimiento" relativo a las nueve sociedades que reclamaron responsabilidad patrimonial por la derogación del anterior concurso, "pero hay que analizar la veracidad de esa reclamación, que ya contemplaba la actual ley", ha destacado.
Acerca del caso concreto de Estela Eólica y su previsión de construir una planta de tratamientos de residuos, el director xeral ha informado de que "se está estudiando jurídicamente" si dicha instalación "está sujeta o no a concurrencia competitiva".
Esto es así porque la comisión de valoración de los proyectos presentados al concurso "decidió no valorar aquellos sujetos" a dicha condición y solo consideró los que cuentan con "autorizaciones regladas", ha precisado.
A mayores, sobre la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha reiterado que "no tiene ningún efecto jurídico concreto para el proceso —eólico— de este Gobierno". Por contra, "se pronuncia sobre un recurso interpuesto por una empresa —Enel Green Power— rechazando sus argumentos" y, ha añadido, "a día de hoy, no es firme".
"No hay una proclamación de la legalidad del anterior decreto —el del Gobierno bipartito— ni mucho menos", ha resuelto, para volver a defender los informes, del Consello Consultivo y de la asesoría jurídica de la Xunta, en base a los cuales el actual Ejecutivo derogó el concurso de la anterior legislatura.
Por último, ha expresado su "auténtica sorpresa" frente a "todo lo que se está publicando" sobre su relación con el conselleiro Javier Guerra, que "sigue siendo la misma". "Nuestras relaciones, basadas en la mutua confianza, lealtad y responsabilidad más escrupulosa, no se modificaron ni un ápice", ha remachado.
Preguntado por el momento en que los parques eólicos podrán estar operativos, Bernardo Tahoces ha explicado que ello depende "fundamentalmente" del registro de preasignaciones y, en consecuencia, de los cupos que determine el Ejecutivo central. En este caso, dependerá "del próximo Gobierno de España", ha puntualizado.
En todo caso, ha garantizado que en 2012 estarán "todos autorizados" y que a partir de 2013 habrá algunos "funcionando" y ha fijado la fecha de 2016 como "el horizonte" en el que "todos estarán operativos".
Fuente: 20minutos.es
Editado por: Asesoría Juridica Barcelona
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