PRIMERA SENTENCIA QUE OBLIGA AL ESTADO A DEVOLVER PARTE DE LA PAGA EXTRA A UN FUNCIONARIO

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario de prisiones, la parte proporcional de la paga extra y el complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el decreto que retiraba esta extra de Navidad a todos los empleados públicos.

Se trata de la primera sentencia en firme contra la Administración General del Estado sobre este asunto, por lo que no cabe recurso en su contra. En el texto de la sentencia el juez censura "la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima".

Además, el juez justifica por qué ha dictado sentencia y no ha elevado el caso al Tribunal Constitucional, como pedían los abogados del Estado, al no verlo necesario por considerarlo "superfluo tanto en términos lógicos como de economía procesal".

Hasta el momento, se han registrado un buen número de pronunciamientos judiciales en los ámbitos local y autonómico por toda España pero esta sentencia es la primera en firme contra el Estado y tiene por ello "una gran relevancia desde el punto de vista jurídico", aseguran desde CSI-F. Los responsables jurídicos de este sindicato aseguran que los criterios de la sentencia serían aplicables, como mínimo, al conjunto de furncionarios del Ministerio de Interior, incluyendo a policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones y administrativos, entre otros. "Y, desde luego, al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado", añaden.

Ante esta situación los responsables de CSI-F reclaman al Gobierno la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para generalizar esta devolución -que supone una media de 350 euros euros por trabajador, llegando a los 500 euros en los niveles más altos- al conjunto de los empleados públicos de toda España.

"No tiene sentido que lo que reconocen los juzgados a título particular e incluso para el grueso de los trabajadores de una comunidad autónoma, no sea reconocido para el conjunto de los empleados públicos", señalan fuentes de CSI-F. De hecho, el Gobierno de Canarias y las comunidades autónomas de Castilla y León y Extremadura ya han anunciado oficialmente que devolverán esta parte proporcional devengada de la paga extra.

Sin embargo, desde el Gobierno rechazan esta devolución argumentando que la cuestión está ya en el Tribunal Constitucional, que al menos tiene diez cuestiones de inconstitucionalidad encima de la mesa- y hasta que este no se pronuncie recurrirán todas las medidas en sentido contrario.

Fuente: www.cincodias.com

LOS DIEZ MAYORES PROBLEMAS DE LA

JUSTICIA

Nueve millones de asuntos ingresaron en los tribunales en 2012, lo que significa que uno de cada cinco ciudadanos acudió a la Justicia, cuando en Francia, con 20 millones de habitantes más, lo hicieron dos de cada cinco. Con una media de diez jueces por cada 100.000 personas (la media europea es de 21,3), es fácil entender una de las causas del colapso de la justicia en España: los 5.171 jueces que forman parte de la carrera están absolutamente saturados, sin poder dar salida a los casos que se amontonan en los juzgados. Por contra, por cada juez hay 26 abogados, solo en Madrid casi 40.000, el doble de los que ejercen en el país vecino, por seguir con la comparación, y los mismos que en todo el Reino Unido.

La situación se ha agravado con la crisis, que ha colapsado especialmente los juzgados de lo Mercantil y de lo Social. Cláusulas de suelo, preferentes, desahucios, reclamaciones de cantidad, despidos... En ciudades como Sevilla, por ejemplo, están señalando juicios laborales para febrero de 2017. No en vano la jurisdicción Social (laboral) fue la que en 2012 registró el mayor incremento de asuntos: un 6 por ciento respecto al año anterior: a los juzgados llegaron 463.810 nuevos casos de esta índole. A finales de año quedaban por resolver 329.705.

Una de las conclusiones que se extraen de estas cifras es que, junto con otras medidas de carácter procesal igualmente necesarias, hay que crear más plazas de juez, y más en un momento en el que se ha tomado la decisión de prescindir de los 1.500 sustitutos que, sin ser profesionales, al menos contribuían a desatascar los juzgados. No se activó un plan B y hoy son los jueces en activo los que están pagando las consecuencias de esta falta de previsión: ahora son ellos los que tienen que sustituirse entre sí, lo que implica que si dos señalamientos coinciden, uno de ellos tiene que ser suspendido a la fuerza, con todo lo que ello conlleva. Sobre todo para el justiciable, que es el que tiene que soportar un sistema que en líneas generales en estos momentos es incapaz de dar respuesta en tiempo y forma a los ciudadanos.

Un ejemplo reciente de esta doble carga de trabajo es la que ha tenido que asumir Juan Antonio Toro, el sustituto de Elpidio Silva, instructor del caso Blesa, a punto de sentarse en el banquillo por prevaricación. Pero la sobrecarga de ese juez representa solo un grano de arroz en medio de un océano de desorganización, anquilosamiento y resignación.

Lo paradójico de la cuestión es que hay cerca de 400 jueces de las promociones 63 y 64 que todavía no tienen un destino fijo, que se ha incumplido el compromiso de crear 600 plazas en tres años y que a día de hoy la carga de trabajo entre unos juzgados y otros, incluso dentro de una misma jurisdicción, está muy descompensada. El 80 por ciento de los juzgados están sobrecargados y el otro 20 por ciento podría perfectamente asumir más asuntos.

Junto con el necesario incremento del número de jueces, el cumplimiento de horarios u opciones como la despenalización de las faltas, también sería necesario instalar una cultura de mediación, cerrar todas las vías posibles al acuerdo antes de recurrir a los tribunales. La mediación ya existe hoy, pero quizá por falta de información todavía no ha calado con fuerza en la sociedad. El último eurobarómetro reflejaba un dato esclarecedor sobre esta cuestión: nueve de cada diez españoles preferirían solucionar un litigio de forma extrajudicial.

Fuente: www.abc.es

Catalunya inicia un plan piloto de ayuda a los autónomos junto a nueve entidades

La Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat ha seleccionado a nueve entidades para poner en marcha un programa piloto de ayuda a la consolidación del trabajo autónomo en Catalunya, ha informado este lunes en un comunicado.

El programa piloto cuenta con un presupuesto de 550.000 euros, quiere ser una herramienta para mejorar la competitividad y sostenibilidad de los trabajadores autónomos en Catalunya, beneficiará a cerca de 600 autónomos y las entidades seleccionadas organizarán durante el mes de febrero unas sesiones informativas.

La iniciativa ha establecido dos tipologías de programas diseñados para ayudar a los trabajadores autónomos a superar los principales problemas que tienen actualmente: acciones formativas en gestión empresarial y otros de asesoramiento y acompañamiento a autónomos en los procesos de negociación crediticio.

El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha explicado en declaraciones a TV3 que este proyecto ayudará a "alrededor de 600 personas" y también ha recordado que la Generalitat tienen en marcha otras iniciativas como el programa Catalunya Emprèn.

Las entidades donde se desarrollarán el proyecto son: Funitec-La Salle, el colegio de Economistas de Catalunya, el de Graduados Sociales de Barcelona, el de Agentes Comerciales de Barcelona, la Fundación Universitaria Martí l'Humà, la Unión de Trabajadores Autónomos de Catalunya, Pimec Autónomos, Organización de Autónomos de Catalunya y la Asociación General de Autónomos-Pimes Transportistas de Catalunya.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/economia