Aprobada la nueva Directiva europea que permitirá una mejor movilidad de los profesionales
La revisión efectuada durante estos años tenía como objetivo hacer más eficiente el sistema de reconocimiento mutuo de las cualificaciones existente en la Unión Europea (UE) y, con ello, facilitar una mayor y mejor movilidad de los trabajadores cualificados en la UE.
Entre las principales novedades que recoge la nueva Directiva se encuentra la creación de una tarjeta profesional europea que, como certificado electrónico, ofrecerá a los profesionales interesados la posibilidad de beneficiarse de un reconocimiento de sus cualificaciones más fácil y rápido. Esta tarjeta está asociada a un procedimiento de reconocimiento optimizado y desarrollado a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI).
La Directiva revisada incorpora el principio de acceso parcial para determinadas profesiones e introduce algunos cambios en la definición de los requisitos mínimos de formación para las profesiones que se benefician del reconocimiento automático de sus cualificaciones. La Directiva incluye también el fomento y mayor transparencia del Desarrollo Profesional Continuo de estas profesiones que gozan de reconocimiento automático.
Dada la importancia de esta Directiva, Unión Profesional (UP), asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, ha participado en las diferentes fases del proceso de modernización resaltando, entre otras cuestiones, la necesidad de reforzar el papel de las organizaciones profesionales en los procesos de reconocimiento.
Como se ha puesto de manifiesto durante su tramitación, la agilización y simplificación de trámites y requisitos debe compatibilizarse siempre con el más alto nivel de calidad de formación y cualificaciones profesionales, en beneficio del interés general y la protección de los derechos de usuarios, clientes y ciudadanos. De ahí el papel de la participación activa de las organizaciones profesionales en los procesos de reconocimiento como organismos competentes y, en cualquier caso, como centros de asistencia, ya que son agentes clave para el buen funcionamiento del sistema general y de los procedimientos de carácter automático.
Se desarrollarán asimismo marcos comunes de formación que, tal y como había sido solicitado desde UP, podrán ser propuestos por las organizaciones profesionales representativas, a nivel nacional o de la UE. Las cualificaciones obtenidas en estos marcos, sobre la base de un conjunto de conocimientos, habilidades y competencias o pruebas de formación estandarizados, serán automáticamente reconocidas por los Estados miembros.

Asimismo, se prevé un ejercicio de evaluación mutua de las profesiones reguladas y se detalla un mecanismo de alerta entre autoridades competentes en relación a aquellos profesionales que hayan sido suspendidos de ejercicio o que hayan hecho uso de documentación falsificada. Se clarifican, por otra parte, los requisitos lingüísticos exigibles a los profesionales.

Fuente: www.elderecho.com
LA HUELGA INDEFINIDA DE JUSTICIA PARALIZA EN CATALUÑA MAS DE 6800 DEMANDAS PENDIENTES
Pese a que el paro lo secundan menos de 20 personas de los miles que trabajan en la Ciudad de la Justicia, el "atasco" se debe a que se concentra en los servicios de registro y reparto del decanato civil y social y en el área de apoyo de los juzgados mercantiles, considera un acuerdo aprobado este martes por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En este acuerdo, la Sala de Gobierno ha aprobado por unanimidad "reiterar su enésimo llamamiento a las partes en conflicto" --comité de huelga y Conselleria de Justicia-- para que intensifiquen sus esfuerzos: para garantizar unos servicios mínimos, pero también para buscar una solución definitiva dentro de los límites de la situación económica.
Aunque dice entender y compartir las reivindicaciones económicas de los funcionarios, la Sala de Gobierno dice que no puede "permanecer impasible ante la situación que se está creando por la forma en que se está ejercitando el derecho de huelga" y advierte de que están poniendo en riesgo la tutela judicial de los ciudadanos.
Pese a que a finales de septiembre el número de demandas pendientes llegó a alcanzar las 5.728, gracias al aumento de los servicios mínimos hasta un 60% se logró rebajar hasta los 3.162; sin embargo, la impugnación de estos servicios mínimos ha propiciado el aumento de los escritos acumulados.

Fuente: www.elderecho.com
EL SUPREMO RATIFICA UNA SENTENCIA QUE ANULA EL DESPIDO DE EMPLEADOS PÚBLICOS SIN NEGOCIACIÓN

El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja por la que se anulan diferentes medidas adoptadas por el Gobierno de esta comunidad en materia de jubilaciones forzosas de empleados públicos, amortización de plazas, traslados, rebajas salariales y cierre de centros públicos. Según CSI-F, la decisión del Supremo, fechada el pasado 26 de septiembre, supone una «importante victoria» para su sindicato y un «aviso» al resto de gobiernos, ya que el Alto Tribunal ha refrendado que las medidas de planificación en materia de recursos humanos deben ser objeto de negociación con los sindicatos.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, ratificada ahora por el Supremo, anula el acuerdo que adoptó el Consejo de Gobierno de La Rioja el 29 de diciembre de 2011 y que, según CSI-F, ha supuesto la pérdida de cientos de puestos de trabajo.
El fallo establecía que los ajustes contenidos en dicho acuerdo (jubilaciones forzosas, amortización de plazas, recortes salariales) debían ser objeto de negociación previa en la Mesa General de Negociación, en lugar de convocar a los sindicatos el día antes de su publicación en el Boletín Oficial y sólo con el objeto de informarles de su contenido. El Gobierno de La Rioja recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha desestimado el recurso, obligando a la Administración a pagar costas.

En su auto, el Supremo señala que el recurso del Gobierno de La Rioja está mal planteado y que no se cumplen los requisitos para recurrir la supuesta aplicación indebida del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se establece que todas las cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo de los empleados públicos deben ser negociadas con los sindicatos.

El acuerdo que adoptó el Gobierno de La Rioja, y sobre el que deberá dar marcha atrás, afectaba a los años 2012 y 2013 y, entre otras medidas, prohibía las modificaciones en plantilla que conllevaran un aumento de los gastos, apuntaba a la amortización de plazas por cierre o agrupación de centros, establecía jubilaciones forzosas, limitaba la contratación temporal y los funcionarios interinos y prohibía prácticamente las contrataciones de obra o servicio en el Servicio Riojano de Salud. Según CSI-F, las decisiones del Gobierno riojano se han traducido en la amortización de cerca de un centenar de plazas de funcionarios jubilados, el cierre de una escuela infantil, de una residencia universitaria y de varios centros de enseñanza del profesorado, la unificación de varios institutos, y la jubilación forzosa de funcionarios mayores de 65 años.