EL SUPREMO RATIFICA UNA SENTENCIA QUE ANULA EL DESPIDO DE EMPLEADOS PÚBLICOS SIN NEGOCIACIÓN
El
Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja por la que se anulan
diferentes medidas adoptadas por el Gobierno de esta comunidad en materia de jubilaciones forzosas de
empleados públicos, amortización de plazas, traslados, rebajas salariales y cierre de centros
públicos. Según CSI-F, la
decisión del Supremo, fechada el pasado 26 de septiembre, supone una «importante victoria» para su
sindicato y un «aviso» al resto de gobiernos, ya que el Alto Tribunal ha
refrendado que las medidas de
planificación en materia de recursos humanos deben ser objeto de
negociación con los sindicatos.
La
sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja, ratificada ahora por el Supremo, anula el acuerdo
que adoptó el Consejo de Gobierno de La Rioja el 29 de diciembre de 2011 y que,
según CSI-F, ha supuesto la pérdida de cientos de puestos de trabajo.
El
fallo establecía que los ajustes contenidos en dicho acuerdo (jubilaciones
forzosas, amortización de plazas, recortes salariales) debían ser objeto de
negociación previa en la Mesa
General de Negociación, en lugar de convocar a los sindicatos el
día antes de su publicación en el Boletín Oficial y sólo con el objeto de
informarles de su contenido. El Gobierno de La Rioja recurrió esta sentencia
ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha desestimado el recurso, obligando a
la Administración a pagar costas.
En
su auto, el Supremo señala que el recurso del Gobierno de La Rioja está mal
planteado y que no se cumplen los requisitos para recurrir la supuesta
aplicación indebida del Estatuto
Básico del Empleado Público, en el que se establece que todas las
cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo de los empleados públicos
deben ser negociadas con los sindicatos.
El
acuerdo que adoptó el Gobierno de
La Rioja, y sobre el que deberá dar marcha atrás, afectaba a los
años 2012 y 2013 y, entre otras medidas, prohibía las modificaciones en
plantilla que conllevaran un aumento de los gastos, apuntaba a la amortización
de plazas por cierre o agrupación de centros, establecía jubilaciones forzosas,
limitaba la contratación temporal y los funcionarios interinos y prohibía
prácticamente las contrataciones de obra o servicio en el Servicio Riojano de Salud. Según
CSI-F, las decisiones del Gobierno riojano se han traducido en la amortización
de cerca de un centenar de plazas de funcionarios jubilados, el cierre de una
escuela infantil, de una residencia universitaria y de varios centros de
enseñanza del profesorado, la unificación de varios institutos, y la jubilación forzosa de funcionarios
mayores de 65 años.
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