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La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento al sindicarlos de ser los presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.
En el trascurso de una audiencia que se prolongó durante buena parte de este martes, la Fiscalía determinó solicitar la medida contra Camila Reyes del Toro por cuanto a juicio del ente acusador, la exfuncionaria y actual contratista del Ministerio de Agricultura habría autorizado la realización de un contrato efectuado con el Instituto Interamericano para la Agricultura (IICA) por un valor total de 47.000 millones de pesos, que incumplía con los requisitos exigidos y violaba las normas vigentes.
Según la Fiscalía, el contrato que dio origen al multimillonario programa de beneficios que fueron a parar en manos de personas adineradas fue presentado como un proyecto de ciencia y tecnología, cuya denominación no correspondía a la realidad, además de que Reyes del Toro no tenía nada que ver con dicho contrato por la posición que ocupaba dentro del Ministerio; motivos por los cuales recibiría una pena mayor a cuatro años, al igual que el resto de los sindicados, que bastarían para solicitar la medida de aseguramiento.
Respecto a la exfuncionaria Tulia Eugenia Méndez Reyes, la Fiscalía consideró que había incumplido con las funciones propias de su cargo como directora de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura, realizando una serie de contrataciones sin tener en cuenta ningún tipo de proceso de selección, para los cuales estaba obligada en virtud de su calidad de abogada y las altas calidades que le correspondía asumir como cabeza de esa división.
A juicio de la Fiscalía, la funcionaria pasó por alto el cumplimiento de la Ley, al haber manejado de manera indebida recursos por un monto equivalente a los $187.428 millones de pesos, en una clara muestra de su falta de ética y apego a las normas legales vigentes en las que se acusan además graves falencias en cuanto a la lealtad, probidad y fidelidad que debía tener en calidad de administradora de los recursos estatales.
Así mismo, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en contra de Juan Camilo Salazar Rueda, quien inicialmente se desempeñó como contratista del IICA y posteriormente ejerció el cargo de viceministro; posición desde la cual habría avalado la celebración de un contrato por valor de 241.000 millones de pesos, que motivó el que también se le imputaran cargos por el delito de peculado, además del de contrato sin requisito de cumplimientos legales.
Para el caso de Oskar Schroeder Muller, la Fiscalía también consideró que el también exdirector de la oficina de asesoría legal del Ministerio incurrió en los mismos delitos que se imputan contra el resto de exfuncionarios, sindicándolo además de haber autorizado un contrato irregular por un valor superior a los 241.260 millones de pesos, en contravía de lo establecido por el sistema penal vigente.
Fuente: Noticias.terra.com.co
Editado por: Asesoría Juridica Barcelona
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