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La responsable de las cuentas de la Xunta, Marta Fernández Currás, anunció ayer que el ejecutivo gallego aprobará en su reunión semanal del próximo jueves la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 2/2011, la última medida de reforma del sector financiero emprendida por el ejecutivo central.
El gabinete presidido por Alberto Núñez Feijóo esgrime un informe de su asesoría jurídica que encuentra hasta cinco tachas de legalidad en el decreto, como apuntaba ayer Fernández Currás durante una comparecencia en el Parlamento gallego para tratar la situación de Novacaixagalicia (NCG), la entidad fruto de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova.
Los servicios jurídicos de la Xunta entienden, en primer término, que la exigencia de recapitalización por la vía del decreto no está justificada, al no existir una situación de urgente necesidad. En este sentido, la responsable de Facenda recordó que el propio Banco Central Europeo criticó el «adelanto de los plazos» forzado por el Gobierno a través del real decreto con respecto a los criterios y los plazos marcados en los Acuerdos de Basilea II.
Además, la Xunta alega la vulneración del principio de confianza legítima y el de inseguridad jurídica, al entender que el Gobierno pone en serios aprietos de financiación a NCG solo dos meses después de que los reguladores, entre ellos el Banco de España, hubiesen aprobado el proyecto gallego de fusión. Otros puntos en que se fundamenta el recurso de la Xunta apuntan a la vulneración de los principios de irretroactividad de las leyes y de igualdad: «Los criterios elegidos por el Gobierno para marcar el core capital son arbitrarios, no están relacionados con la solvencia, sino con su fórmula jurídica», sostenía Currás. La falta de equidad para los integrantes del sistema la ejemplificó en la indisponibilidad de los fondos del denominado FROB II para la mayoría de entidades, excepto las catalanas: «Es el propio FROB el que decide o no qué entidades pueden o no acudir a la disposición transitoria cuatro», dijo Currás (el FROB negó a NCG en febrer o nuevos fondos).
También entiende el equipo de Feijóo que el decreto vacía, en la práctica, las competencias de tutela de las comunidades sobre los entes financieros (recogida en el Estatuto) y elimina la libertad de empresa al imponer por la vía urgente la bancarización de las cajas.
No solo en el plano jurídico, sino también en el político, se sucedieron las críticas a la reforma financiera impulsada desde Moncloa. Así, Currás reiteró que las necesidades de recapitalización de NCG serían actualmente de 542 millones «si se hubieran hecho las mismas provisiones que CatalunyaCaixa». La titular de Facenda recordó las directrices marcadas por el FROB cuando se solicitaron los fondos públicos para encarar la fusión de Caixa Galicia y Caixanova (tras la inyección del FROB, NCG fue la segunda entidad con más dotaciones para cubrir pérdidas en los test de estrés realizados por las autoridades comunitarias, apuntaba).
Desde la bancada de la oposición, el BNG mostró su apoyo con matices al recurso, mientras que el PSOE consideró el mismo como el anuncio de la defunción de NCG.
«El BNG lleva desde el primer FROB diciendo que se presente un recurso de inconstitucionalidad. Este recurso tiene muy escasa eficacia en este momento», replicaba el nacionalista Fernando Blanco, que cuestionó la validez de las hipotéticas medidas cautelares que imponga el Tribunal Constitucional. «Nosotros siempre vamos a apoyar ese recurso, porque es propuesta del Bloque, pero ahora no va a permitir cambiar las reglas de juego», insistía. Blanco aludió al color de la ropa que vestía ayer la conselleira: «Viene de luto para constatar el fallecimiento de la caja gallega, para convertirse en un banco o quién sabe qué».
No mostró su oposición expresa al recurso la socialista María José Caride, que se preguntaba «¿a qué ha esperado? ¿A que finalizase el plazo de presentación de un proyecto, ahora que el proceso está finalizado, que va a empezar la campaña de las municipales. Con este anuncio usted ha certificado la muerte de NCG», reiteraba. Caride acusó a Currás de echar «balones fuera», «cargando con el gobierno anterior» y «siguiendo la estrategia Mourinho: echa la culpa a todo el mundo». Caride preguntó a la Xunta sobre el incremento de retribuciones de los directivos de NCG.
Fuente: Abc.es
Editado por: Asesoría Juridica Barcelona
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