Ya es aplicable
desde el 10 de Enero el Reglamento (UE) 1215/2012,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil. Asesoría Jurídica en Barcelona
Gracias a esta normativa, una
resolución judicial ejecutoria en asuntos civiles y mercantiles en un Estado
miembro tendrá automáticamente fuerza ejecutiva en cualquier lugar de la UE
A partir de esa fecha, las resoluciones judiciales de un Estado miembro en esas materias tendrán automáticamente fuerza ejecutiva en todo el territorio de la UE. Y con ello, los consumidores estarán mejor protegidos cuando compren a entidades comerciales de fuera de la UE y las empresas disfrutarán de una mayor seguridad jurídica cuando hagan negocios en cualquier Estado miembro, según el Ejecutivo comunitario.
Se suprime así un complicado paso
intermedio, el procedimiento de exequátur. Este procedimiento suele costar
entre 2.000 y 3.000 euros dependiendo del Estado miembro, pero puede llegar
hasta los 12.700 euros si se incluyen los honorarios de los abogados, la
traducción y las tasas judiciales. En casi un 95 % de los casos, este
procedimiento era una mera formalidad.
En el
momento en que se dicte una resolución en cualquier Estado miembro, el acreedor
estará en condiciones de hacerla ejecutiva en cualquier otro, lo que significa
que empresas y ciudadanos podrán recuperar su dinero de forma más rápida,
sencilla y gratuita. En circunstancias excepcionales los órganos
jurisdiccionales seguirán pudiendo evitar la ejecución de la resolución, por
ejemplo, si el tribunal del otro Estado miembro ha violado el derecho a un
juicio justo.
Importantes
ahorros para empresas y consumidores
La Comisión
Europea prevé un ahorro de hasta 48 millones de euros anuales gracias a la
entrada en vigor de esta normativa que facilitará a empresas y consumidores
la resolución de litigios transfronterizos, suprimiendo los costosos y prolijos
procedimientos para obtener el reconocimiento en otros países de la UE de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
"Estas nuevas normas podrían
suponer un ahorro de entre 2.000 y 12.000 euros para cada caso individual. Se
trata del cumplimiento satisfactorio de la promesa de reducir la burocracia y
reforzar el mercado único de la UE. Esta medida constituye un cambio
significativo, en particular para las pequeñas y medianas empresas, y creará
muchas más oportunidades para las empresas en toda Europa", ha asegurado la comisaria de
Justicia, Vera Jourová, en un comunicado.
Las nuevas
disposiciones responden a una encuesta realizada en 2010 que reveló que casi el
40 % de las empresas estarían más dispuestas a operar fuera de su mercado
nacional si los procedimientos para la resolución de litigios judiciales en el
extranjero se simplificaran.
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