Nada más democrático que una crisis financiera para cambiar las cosas y, en está oportunidad hasta la demanda de las asesorías jurídicas de parte de las compañías, está obligando a los despachos a establecer nuevas fórmulas para cobrar honorarios frente a la tradicional facturación por tiempo empleado.
En la actualidad nadie está exento de los recortes presupuestarios que la crisis nos supo imponer. Las compañías contagian por estos días sus estrictas políticas de austeridad obligando a sus proveedores a ajustar precios y, por consiguiente, buscar nuevas formulas mucho más imaginativas para cobrar por sus servicios.
Por estos días los bufetes se ven obligados, como consecuencia de la estreches económica de sus clientes a plantearse nuevos sistemas para facturar sus servicios, por cierto, alejados de la tradicional facturación por horas, este sistema prácticamente ha quedado en desuso en las compañías de todo el mundo, tal como se ha podido constatar en la ultima conferencia de la Asociación Internacional de Abogados (IBA).
Por este tiempo, el 87% de las empresas españolas externaliza algún servicio jurídico, sobre todo para asuntos fiscales, laborales, procesales, fusiones u operaciones en otros países, según un estudio del sector legal realizado por dos profesoras de la Facultad de Derecho de Esade, Eugenia Navarro y Sandra Enzler. En el mismo informe se desvela que el 95% de las asesorías jurídicas internas prefiere un presupuesto cerrado. Un 73%.de los bufetes, como no podía dejarse de esperar prefieren la facturación por horas.
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