Asesoría Juridica Barcelona: Sección Noticias : Los dueños de estas construcciones tienen en promedio un plazo de 10 días para adecuar sus instalaciones a lo exigido en la Ordenanza 25.097/88, aunque el intendente Arnaldo Samaniego indicó que se analizará con la Dirección de Asesoría Jurídica cada caso para conceder ese periodo de gracia.
Una treintena de empresarios, que tienen sus edificaciones con orden municipal de cese de actividades, participaron en la víspera del encuentro con el jefe comunal, el asesor jurídico Benito Torres y el jefe del Departamento de PCI, ingeniero Carlos Halke.
La mayoría de ellos cuestionaron el procedimiento del municipio y sobre todo el anuncio de desalojos y advertencias de pena privativa de libertad para los responsables de edificios, atendiendo que ello ocasiona perjuicios económicos y pánico en sus inquilinos.
En la ocasión se hizo presente Rubén Rojas, miembro de la Coordinadora de Víctimas del Ycuá Bolaños para reclamar que las intervenciones se mantengan, ya que el siniestro que costó la vida a 400 personas en el 2004 se dio por la ineficiencia comunal en el control de planos y habilitaciones.
ESTUDIO. En otro momento, Samaniego aclaró que en algunas situaciones son cuestiones mínimas las que faltan colocar, pero que en aquellas que el equipamiento faltante sea mayor, se dará un mayor tiempo para asegurar su disposición en la edificación.
"No habrá prioridades. Para evitar suspicacias hemos llamado a todos los afectados y con ellos mismos se verá qué se puede hacer para que sus edificios ofrezcan garantías a sus usuarios. Ya no queremos otro Ycuá Bolaños", precisó.
Dijo que es falso que los propietarios aleguen no haber recibido ninguna notificación, puesto que en el proceso de fiscalización que se inició en el 2009, se remitieron tres avisos y se labraron actas, y ante la falta de respuesta se ordenó la clausura de los edificios.
"Todo está suspendido hasta tanto no se haga una nueva reinspección que nos asegure que cada construcción cuenta con su sistema PCI. Se hará una declaración jurada firmada por dueños afectados. Con un 80 % de equipamiento ya se levantará la clausura", manifestó.
Finalmente expresó que luego de todo el operativo, quienes no se avengan a regularizar la situación se verán con acciones penales que serán impulsadas por la Fiscalía General del Estado.
Fuente: Ultimahora.com
Editado por: Asesoría Juridica Barcelona
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